Circular Extraordinaria – Septiembre 2021

• Se establece una tarifa general del impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales o asimiladas del 35% a partir del año gravable 2022. Esta tarifa aplica también para establecimientos permanentes de entidades del exterior y a personas jurídicas extranjeras con o sin residencia.
Como se recordará, la Ley 2010 de 2019 había establecido una tarifa del 30% a partir de 2022.
Se conserva la tarifa del 9% dispuesta para contribuyentes que habían accedido a los beneficios de la Ley 1429 de 2010, empresas editoriales (Ley 98 de 1993), servicios prestados en nuevos hoteles o remodelados y los proyectos en nuevos parques temáticos al amparo de la Ley 2068 de 2020, Mega-Inversiones, entre otros. De igual forma se mantiene la tarifa especial para zonas francas.
Es muy importante considerar los efectos en el impuesto a las ganancias diferido que trae consigo el incremento en la tarifa, incluyendo el cierre del año 2021, año que podría verse notablemente afectado en materia de Estados Financieros.
También resulta relevante la planeación tributaria en torno a dicho incremento tarifario (Realización de ingresos y gastos en materia fiscal), y el aumento que experimentarán aquellas tarifas de impuestos y retenciones que remiten a la tarifa de renta para sociedades nacionales, tales como el pago de dividendos gravados, y los pagos al exterior por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial.
• Se reconfirma la sobretasa de 3 puntos porcentuales adicionales a cargo de las instituciones financieras para el año gravable 2022, y la ampliación de la misma a los períodos gravables 2023, 2024 y 2025, estableciéndose una tarifa consolidada del 38%.
Dicha sobretasa estará a cargo de aquellas personas jurídicas que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, en el año correspondiente.
• Se deroga el parágrafo 1° del artículo 115 del E.T, el cual consideraba como descuento tributario en renta a partir del año gravable 2022, el 100% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. En consecuencia se mantiene el descuento tributario del 50%.
• Finalmente, no fueron incluidos los artículos relacionados con el uso de sistemas de georeferenciación para determinar las posibles desviaciones en el precio de venta de los inmuebles, proceso a cargo de los notarios, como tampoco la reducción a 0% de la retención en la fuente aplicable a los valores de renta fija pública o privada a las inversiones de capital del exterior de portafolio en Colombia.
• Se reduce a 5 años (antes 7 años), el beneficio de renta exenta para las empresas de economía naranja, dispuestas en el artículo 235-1 del E.T. De otro lado, se amplía el término para la constitución e iniciación de operaciones de la sociedad, hasta el 30 de junio de 2022. Se deroga el requisito relacionado con el monto mínimo de inversión.
• Para los períodos gravables 2022 y 2023 se establece el beneficio de auditoria para las declaraciones de renta y complementarios, así:

• Se amplía a 10 años, el término para aplicar los excesos resultantes en la determinación de las utilidades gravadas y no gravadas de que trata el artículo 49 del E.T, en el caso de las concesiones y asociaciones público-privadas.

• Como respuesta a los importantes cuestionamientos relacionados con el incremento de la tarifa de impuesto de renta para sociedades nacionales y asimiladas (35%), y los efectos para la Micro y pequeñas empresas, fue ampliado el tope de ingresos para acceder al régimen sustitutivo denominado, Régimen Simple de Tributación, pasando de 80.000 UVT a 100.000 UVT ($3.630 millones). Para facilitar el acceso al mencionado régimen, fue ampliado el plazo para registrarse hasta el último día hábil del mes de febrero del año gravable en que se ejerce la opción.
Como se recordará, a este sistema alternativo de tributación basado en los ingresos y la actividad, podrán acceder las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en el libro octavo del Estatuto Tributario Nacional (Art. 903 a 916).
• Por el año 2022, no serán responsables de IVA ni del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares, los responsables del SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas.

Se crea por el año gravable 2022, el impuesto complementario de normalización tributaria a cargo de los responsables del impuesto de renta o de regímenes sustitutivos tales como el Régimen Simple, que cuenten con activos omitidos o pasivos inexistentes.

Entre las principales características se destacan:

• Se causa por la posesión de activos omitidos (no incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales) o pasivos inexistentes (sin soporte válido) a 1 de enero del año 2022. En el caso de activos omitidos, la obligación de incluirlos en sus declaraciones de impuestos nacionales es de aquel que tiene el aprovechamiento económico, potencial o real, presumiendo que dicho aprovechamiento está a cargo del propietario o usufructuario del bien.
• La base gravable corresponderá al costo fiscal histórico de los activos omitidos o al autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, sin que este último sea inferior al costo fiscal histórico. Dicha base será considerada como el precio de adquisición.
No serán reconocidas para estos efectos, las estructuras creadas con el propósito de transferir activos omitidos cuando las mismas tengan costos fiscales sustancialmente inferiores al de los activos subyacentes. La base gravable se calculará con fundamento en el costo fiscal de los activos subyacentes.
La base gravable de los pasivos inexistentes será el valor fiscal de dichos pasivos inexistentes o el valor reportado en la última declaración de renta.
Para los efectos de este impuesto, se aplicará el principio de transparencia fiscal a las fundaciones de interés privado del exterior, trust del exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo de inversión o cualquier otro negocio fiduciario del exterior, asimilándolos a derechos fiduciarios poseídos en Colombia, considerando las bases establecidas para este impuesto, en referencia a los activos subyacentes.
La base gravable corresponderá al 50%, cuando se tome como referente el valor de mercado de los activos, y los mismos sean repatriados efectivamente en invertidos con vocación de permanencia (mínimo 2 años) antes del 31 de diciembre de 2022.
• La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria será del 17%.
• El impuesto se liquida, declara y paga en una declaración independiente, hasta el 28 de febrero de 2022, no permitiéndose su presentación extemporánea o corrección. La declaración debe presentarse con pago total.
Este impuesto está sujeto a un anticipo del 50% el cual será liquidado sobre una base estimada, antes de finalizar el año 2021.
• El impuesto de normalización no es deducible en el impuesto sobre la renta.
• El incremento patrimonial generado por el proceso de normalización, no genera renta por comparación patrimonial ni renta líquida gravable por activos omitidos.
Tampoco se generan sanciones en materia de impuesto de renta y complementarios, regímenes complementarios, IVA, precios de transferencia, información exógena, ni en la declaración de activos en el exterior.
Los activos que se hayan considerado en el nuevo impuesto de normalización no generan acción penal por omisión de activos o pasivos inexistentes.
No se genera infracción cambiaría por el registro extemporáneo de las inversiones financieras y en activos en el exterior, y sus movimientos.
La presente normalización no implica la legalización de activos de origen ilícito o vinculados al lavado de activos o financiación del terrorismo.
• Para los activos (excepto inventarios) normalizados al amparo de normas anteriores, que tengan un valor inferior al de mercado, podrán actualizar el valor incorporando la diferencia como base gravable del impuesto.
• Las cifras base del impuesto de normalización, deberán ser incluidas en las declaraciones de renta y complementarios y regímenes suplementarios, al igual que en la declaración de activos en el exterior del año gravable 2022.
• La DIAN tiene la posibilidad de aplicar las normas relacionadas con el abuso en materia tributaria, para aquellas operaciones que pretendan eludir el pago del impuesto (Art. 869 y siguientes del E.T).

• Como medida tendiente a reactivar la economía, se establecen de manera permanente tres (3) días sin IVA para algunos bienes (similar a las versiones anteriores). Según datos de prensa, los días sin IVA serán: 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre de 2021.
Entre las novedades a resaltar, se destaca la obligación de expedir de factura electrónica (no se acepta el sistema POS) por parte del vendedor, ampliando el término de expedición hasta las 11:59 pm del día siguiente, y la posibilidad de pagar la operación en efectivo.
Dichas operaciones son consideradas exentas de IVA, sin derecho a devolución y/o compensación (Solo imputación).
• Se limita la exclusión de IVA en la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200, a los bienes procedentes de países con los cuales se tenga tratado de libre comercio, y se obligue expresamente al no cobro del impuesto.
• Se amplían hasta el 31 de diciembre de 2022, los beneficios consagrados en los artículos 40 y 45 de la Ley 2068 de 2020 “modificatoria de la Ley General de Turismo”, relacionados con la exoneración del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico para algunos prestadores de servicios turísticos, y la exención transitoria de IVA en la prestación de los servicios de hotelería y de turismo a residentes en Colombia.
• El Gobierno nacional deberá radicar ante el Congreso de la República en un plazo máximo de dos años, contados a partir del 10 de enero de 2022, un proyecto de ley que regule y ponga topes a la exigencia de estampillas para la realización de un mismo trámite.
• Se amplía el programa de obras por impuestos de que trata el artículo 800-1 del E.T, a proyectos adelantados en los territorios que tengan altos índices de pobreza, de acuerdo con los parámetros del Gobierno Nacional, y que carezcan de infraestructura de servicios públicos. Quedan también dentro del programa, las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación, al margen de su ubicación.

En aras de contar una mejor información y procurar recursos a partir de la lucha contra la evasión, se establecen los siguientes mecanismos:

• Se otorgan facultades a la DIAN para inscribir de oficio en el RUT, a personas naturales que de acuerdo con la información que dispongan, sea sujeto de obligaciones administradas por la misma entidad. Para este proceso se hará valer de información suministrada por la Registraduría Nacional de Estado Civil, Migración Colombia y el Departamento nacional de planeación.
• Se fortalece el “sistema de facturación electrónica” del cual hacen parte la factura de venta (Factura electrónica de venta y factura de talonario o papel – contingencia), los documentos equivalentes, los documentos soportes en compra a no obligados a expedir factura o documento equivalente, la nómina electrónica y los demás documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Para este fin, se proponen las siguientes modificaciones al artículo 616-1 del E.T:

• • Se aclaran las sanciones aplicables estableciendo que la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación, dan lugar a la sanción del articulo 651 E.T, relacionada con el no envió de la información. Por su parte, la expedición de los documentos sin los requisitos acarrea la sanción establecida en el artículo 652 del E.T (Sanción por expedir facturas sin requisitos), y la no expedición de los documentos relacionados con el sistema de facturación electrónica daría paso a la aplicación de la sanción por no facturar de que trata el artículo 652-1 del E.T. Estas sanciones se aplican salvo que exista una sanción específica para un caso determinado.
  • La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquiriente. (Ver procedimiento cuando se presentan inconvenientes técnicos)
  • Se obliga a las plataformas de comercio electrónico, a poner a disposición un servicio que permita la expedición y entrega de la factura electrónica de venta por parte de sus usuarios, al consumidor final.
  • Establecen un nuevo requisito para considerar la factura electrónica como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables, consistente en la remisión de un mensaje electrónico por parte del adquiriente de los bienes servicios, en el cual se confirma la recepción de la factura y de los bienes y servicios, cuando esta corresponda a una operación de crédito. Suponemos que la medida está encaminada al cumplimiento de los requisitos relacionados con la circulación del documento (RADIAN).
  • En claro acto tendiente a desincentivar el uso de los documentos P.O.S, se confirma la no aceptación como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.
    Dicho documento podrá ser expedido por los obligados a facturar que vendan bienes o presten servicios, cuando la operación no supere 5 UVT (hoy $182.000).
  • Se aclara el registro de las facturas electrónicas como título valor (RADIAN), sistema que permitirá la consulta y trazabilidad de los documentos.
  • La nueva versión del artículo 616-1 del E.T, no incluye la disposición relacionada con el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica. (10% para 2022 y en adelante)
  • Hasta tanto no se expida el reglamento del sistema de facturación electrónica, aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

• Se establece la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios que constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. Con este procedimiento la administración de impuestos lograría importantes avances al evitar los engorrosos procesos de determinación del impuesto al contar con títulos ejecutivos, además de elevar los niveles de recaudo.
  La medida también disminuye los costos de cumplimiento por parte de los contribuyentes, además de disminuir la evasión de impuestos.
  El contribuyente podrá no estar de acuerdo con la factura, caso en el cual estará obligado a presentar la declaración de la forma tradicional dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la inserción de la factura en la página web de la DIAN o contados desde el día siguiente al envío del correo electrónico. Dicha declaración deberá incluir como mínimo los valores propuestos en la factura y ser presentada en los términos establecidos anteriormente, de lo contrario no perdería su fuerza ejecutoria.
  Cuando se opte por la presentación de la declaración, la DIAN podrá expedir la liquidación provisional de que trata el artículo 764-1 y siguientes del E.T.
  Finalmente, la DIAN establecerá mediante reglamento los sujetos a quienes se les facturará, los plazos, condiciones, sistemas técnicos y demás.
• Se ajustan a los estándares internacionales, las normas relacionadas con el intercambio automático de información.
• Cuando el titular de la cuenta no suministre la información requerida al obligado a reportar, se constituirá como causal de no apertura de la cuenta o de cierre de la misma.
• Se hace definición de “beneficiario final” para el caso de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídica o de una estructura similar. (Se derogan las definiciones y reglas establecidas en el parágrafo 4. del artículo 23-1 del E.T)
  Para el caso de las personas jurídicas, el beneficiario final corresponde a la persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular del 5% o más del capital, los derechos de voto o de los rendimientos o utilidades entre otros. De igual forma la persona natural que ostente el control por otro medio diferente a los descritos anteriormente. Por último, cuando no se identifique ninguna persona natural, se debe identificar la persona natural que tenga el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.
  Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, como parte integral del RUT. Se aplicará el régimen sancionatorio relacionado con el RUT, cuando no se suministre, se suministre en forma errónea o incompleta, o no se actualice la información relacionada con el RUB.
  Finalmente se crea el Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la DIAN.
  La DIAN reglamentará mediante resolución lo previsto en el presente artículo, y los términos y condiciones para su efectiva aplicación.
• Se incorpora en el proceso de devolución automática de saldos a favor, a los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477 del E.T (Productores: Animales vivos, carne, leche, queso, huevos, etc.), cuando el 100% de los impuestos descontables y los ingresos que generen la operación exenta se encuentren soportados en documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica.

• Se establece una importante reducción transitoria de sanciones e intereses para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial, que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2021, consistentes en rebajas del 80%, respecto a las obligaciones que presenten mora en el pago a 30 de junio de 2021 y cuyo incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia.
Los beneficios también aplicaran para las facilidades de pago, y los procesos de cobro adelantados por la UGPP, excepto lo relacionado con el Sistema General de Pensiones.
• Como ha sido costumbre en las anteriores reformas tributarias, se faculta a la DIAN (y a los entes territoriales) para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, hasta por el 80% del monto de las sanciones e intereses, dependiendo del proceso y la instancia en que se encuentre. Entre otras condiciones, la demanda debe haber sido presentada antes del 30 de junio de 2021.
La solicitud de conciliación debe ser presentada antes del 31 de marzo de 2022.
• Para el caso de los procesos en sede administrativa, se brindan importantes beneficios para la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarlos, consistentes en la reducción de sanciones e intereses hasta del 80%, en consideración al Acto administrativo. Para acceder al beneficio, el contribuyente, agente retenedor o responsable, debió haber sido notificado antes del 30 de junio. La transacción con la DIAN, podrá solicitarse hasta el 31 de marzo de 2022. No podrán acceder a los beneficios, los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos. También aplica para procesos con la UGPP (Excepto Sistema General de Pensiones) y entes territoriales en procesos administrativos tributarios.
• Se faculta a la DIAN para aplicar el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo 5 del artículo 640 del E.T dentro del proceso de cobro a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, deudor solidario, deudor subsidiario o garante.
• Se establecen importantes rebajas en multas por infracciones de tránsito exigibles antes del 30 de junio de 2021, que van hasta el 50% del capital y la condonación total de los intereses. (Aplican excepciones)

Reactivación económica
• Se amplía la vigencia temporal del apoyo al empleo formal – PAEF, desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes de diciembre del mismo año. En esta ocasión el apoyo aplica para aquellos potenciales beneficiarios que en el periodo de cotización de marzo de 2021, hubiesen tenido un máximo de 50 empleados.
Considerando los niveles de desempleo y disponibilidad presupuestal, en el mes de diciembre de 2021, el Gobierno Nacional podrá decretar la ampliación del beneficio máximo hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Se crea hasta agosto de 2023 (máximo 12 pagos) el incentivo a la generación de nuevos empleos que permitirá financiar costos laborales como los pagos de seguridad social y parafiscales, el cual estará dirigido a los empleadores que generen nuevos empleos mediante la contratación de trabajadores adicionales.
En el caso de nuevos empleados jóvenes entre 18 y 28 años de edad, el incentivo será del 25% de 1 SMMLV por cada trabajador adicional. En los demás casos el incentivo será del 10% de un (1) SMMLV cuando sean contratados hombres, y del 15% cuando se trate de mujeres (siempre y cuando no devenguen más de tres (3) SMMLV).
Este programa no será compatible con otros aportes o subsidios a nivel nacional no tributarios que tengan similar finalidad, excepto el PAEF.
Para efectos de contabilizar los trabajadores adicionales, se tomará como referencia el número de empleados por el que cada empleador hubiera cotizado para el mes de marzo de 2021.
Se otorgan facultades al Gobierno para que extienda el término del programa en el caso de jóvenes entre 18 y 28 años de edad, considerando a los resultados obtenidos.
Al programa podrán acceder las Cooperativas de Trabajo Asociado.
• Con el fin de reactivar la economía y apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, se otorgará a los empleadores un aporte estatal tendiente a contribuir al pago de las obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021. Dicho incentivo corresponde al 20% del valor del salario mínimo mensual multiplicado por el número de empleados.
Podrán acceder al beneficio, los empleadores que demuestren la necesidad del mismo, certificando una disminución del 20% o más en sus ingresos, frente a los registrados en el mes de marzo de 2021.
Este programa es compatible con el PAEF.
No importa el tamaño de la empresa ni el número de empleados.
Demanda un trámite similar al establecido para el PAEF.
• El Gobierno Nacional diseñará líneas de redescuento a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex, dirigidas a empresas y entidades territoriales que busquen invertir en proyectos productivos con el fin de contribuir a la reactivación económica del país.

Fortalecimiento del gasto social

• Para disminuir la pobreza, garantizar la cobertura de necesidades básicas y promover la movilidad social, se amplía el programa “ingreso solidario” hasta el 31 de diciembre de 2022. En el caso de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, a partir de julio de 2022, el monto de la transferencia deberá considerar el número de integrantes que componen cada hogar, y el grupo de clasificación del SISBÉN IV. En diciembre de 2022 el Gobierno podrá evaluar la continuidad del programa, atendiendo a los resultados del mismo.

• Para el caso de los jóvenes de las familias más vulnerables (estratos 1, 2 y 3), el Gobierno Nacional destinará anualmente recursos el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas – Matrícula Cero.
Se adopta un mecanismo especial para el cobro de los intereses y el capital, en los créditos otorgados por el ICETEX.

• Se ordena un incremento gradual del subsidio otorgado por Colombia Mayor.

• En materia de austeridad y eficiencia en el gasto público, se planea obtener ahorros del orden de $1.9 billones anuales durante los próximos diez (10) años mediante la limitación en el crecimiento anual del gasto por adquisición de bienes y servicios. Sumado a lo anterior, se propondrá al Congreso de la República, una reducción mínimo del 5% anual, durante cinco (5) años para las transferencias incorporadas en el Presupuesto General de la Nación.
• Con el ánimo de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, se definen nuevos límites para la Regla Fiscal, así: El límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB.
De otro lado se establece un Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en reemplazo del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, lo cual permitirá que este pueda evaluar de mejor manera la sostenibilidad de las finanzas públicas, el cumplimiento de la regla fiscal y los supuestos subyacentes al proceso de planeación financiera del Gobierno.
• Producto de las afectaciones económicas tendientes a contener la propagación del Covid-19, se establecen apoyos a los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos de transporte.
• Las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2021, 2022 Y 2023, que se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión.
• Se incorporan nuevos límites a las operaciones de crédito público para entes territoriales.
• Se realizan algunas modificaciones al Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), en especial en temas de valoración, en aras de facilitar la administración y disposición de bienes inmuebles y sociedades extintas, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S
• Se ajustan las disposiciones relacionadas con la movilización de activos de las entidades públicas de orden nacional (Inmuebles que no requieran y cartera vencida), al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), quien los gestiona, para que el caso de los inmuebles los comercialice con mayor facilidad.