Publicado: día 28 de febrero de 2019. 

En este proyecto sobre facturación electrónica se incluye la definición de "Factura electrónica de venta con validación previa a su expedición" y de "Facturador Electrónico", se determinan los sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa y se establece el calendario de implementación de la factura electrónica, Adicionalmente se contempla la posibilidad de implementación anticipada de facturación electrónica de venta.

Factura electrónica de venta con validación previa a su expedición: La factura electrónica con validación previa a su expedición, que soporta transacciones de venta de bienes o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de los requisitos, características y condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la DIAN, mediante el cual el facturador electrónico remite a la DIAN o a un proveedor autorizado, previa a su expedición al adquiriente, un ejemplar para que sea validada.

Publicado: día 28 de febrero de 2019. 

Con este proyecto la DIAN se propone modificar y adicionar el Decreto 2442 de diciembre 27 de 2018, para incorporar los plazos de los nuevos impuestos establecidos en la Ley 1943 de 2018 tales como:

RETENCION DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES

Los agentes retenedores del impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles deberán declarar y pagar las retenciones mensuales en el formulario prescrito por la DIAN para la retención en la fuente y dentro de los plazos establecidos para este caso.

Publicado: día 28 de febrero de 2019. 

Expresa la DIAN que el artículo 90 del estatuto tributario es lo suficientemente claro en cómo se determina la renta bruta en la enajenación de activos, la cual corresponde a la diferencia entre el precio de enajenación, y su costo fiscal. Si las acciones se cotizan en bolsa su precio de enajenación corresponderá a ese valor de cotización y en caso de no cotizar en bolsa, la norma determina una presunción, que establece salvo prueba en contrario, que el precio de enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 15% (a partir de 2019 incrementado en 30%).

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